CONTRA LA CORRUPCIÓN, LEY DE TRANSPARENCIA. PILAR CERNUDA


CONTRA LA CORRUPCIÓN
Los ponentes trabajan calladamente desde finales de verano, pero en las últimas semanas los redactores del borrador de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno centran la atención de los dirigentes políticos, que confían que esa ley despeje dudas sobre la gestión de la cosa pública y elimine la imagen de una España política que se mueve en la corrupción generalizada. Hay corruptos, pero no lo son todos.

El primer puntal para la lucha contra la corrupción se puso el pasado mes de octubre con la Ley Orgánica de Financiación de Partidos que modificaba sustancialmente la Ley Orgánica del año 2007. Entre esas modificaciones se incluía que los partidos no pueden aceptar donaciones anónimas, tampoco de empresas o entidades que mantengan contratos con las administraciones públicas o reciban subvenciones -lo que elimina la posibilidad de financiarse a través de fundaciones adscritas a los partidos-, limita a 100 mil euros anuales la suma de las donaciones de una misma empresa o persona física y además obliga a informar al Tribunal de Cuentas de cada subvención superior a 50 mil euros.


 Es decir, normas para impedir que los partidos se financien por la puerta de atrás y sean tentados por empresas que aspiran a hacer méritos de cara a lograr contratos con los gobiernos central, autonómicos y locales. De esa manera además se tomaban medidas con las que paliar una situación que impedía mantener mayor control de la financiación de los partidos: La Ley del 2007 recogía que las cuentas de los partidos se harían públicas una vez revisadas por el Tribunal de Cuentas? que llevan un retraso de cinco años, lo que impide por tanto conocer cómo administran sus dineros los partidos actualmente.

Al imponer condiciones de financiación con las modificaciones aprobadas en octubre, los partidos están obligados a mantenerse estrictamente en las reglas marcadas pues en caso contrario cometerían ilegalidad. Porque también este gobierno ha tomado medidas para garantizar la buena gestión de las cuentas públicas: ha tipificado el delito penal para los políticos que malgasten el dinero público ?y el de los partidos lo es-, eleva la prescripción del delito de 5 a 10 años e inhabilita por 10 años a los gestores públicos que falseen las cuentas, además de rebajar la cifra de lo que se considera fraude público, que se fija en 50 mil euros en lugar de los 120 mil anteriores.

Los trabajos para llegar a acuerdos sobre la Ley de Transparencia y Buen Gobierno los han realizado sobre todo los ponentes del PP y del PSOE, Esteban González Pons y José Enrique Serrano, supervisados por Soraya Sáenz de Santamaría y Alfredo Pérez Rubalcaba. Empeñados en que tenga el máximo respaldo en su tramitación parlamentaria, han ido informando de sus avances a los restantes partidos políticos, y de hecho esta semana la vicepresidenta había convocado a todos los ponentes para cambiar impresiones y escuchar las sugerencias que se pudieran presentar a una ley que es prioritaria, lo saben los ponentes, para cambiar la imagen que hoy se tiene de la clase política tras los numerosos casos de corrupción. La gripe impidió que Sáenz de Santamaría pudiera presidir finalmente la reunión, que se celebró el pasado miércoles y que coordinó José Luis Ayllón, Secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes y brazo derecho de la vicepresidenta.

Una vicepresidenta que semanas atrás ya había indicado que aceptaba la sugerencia de los socialistas de incluir a los partidos en la Ley de Transparencia, a pesar de que en un principio ella misma se había expresado en contra porque consideraba que no formaban parte de las administraciones públicas. El miércoles, durante la sesión de control al gobierno, Rajoy anunció que los partidos estarían incluidos en la Ley, lo que evidentemente supone un apunte de la máxima relevancia para una Ley que pretende dejar fuera de sospecha todo lo relacionado con los dineros públicos.

Una de las sugerencias escuchadas en las reuniones últimas ha sido que, además de los partidos, la Ley de Transparencia afectara también a las fuerzas sociales, CEOE y sindicatos. UGT presiona al PSOE para que no ser incluidos, pero la ola de necesidad de transparencia se ha convertido en tsunami y es probable que finalmente también los sindicatos y la entidad empresarial deban pasar finalmente por las horcas caudinas. La credibilidad por encima de todo. Los ciudadanos no comprenderían la excepción cuando todo el dinero público va a ser controlado y los ciudadanos tendrán acceso a conocer el destino de cada euro.

Porque es lo que significa la Ley de Transparencia: que se puedan conocer los salarios, los contratos, a quién se adjudican y por cuánto, quién recibe subvenciones y qué cantidades, cuales son las conexiones entre las distintas entidades públicas, cuántas personas trabajan en organismos cuya función se desconoce y parecen agencias de colocación, cuánto cuestan determinados viajes y cuáles son los gastos que suponen una celebración o conmemoración.

Es evidente que la Ley de Transparencia afectará las contrataciones de eventuales, lo que favorece a los funcionarios que se quejan con razón de la contratación masiva de personas afines a quien está al frente del ministerio, gobierno, ayuntamiento o entidad oficial de cualquier tipo. Con la Ley vigente, habrá contratación a personal de confianza, pero con toda seguridad será más limitada que en la actualidad y se conocerán los salarios y complementos que reciben.

¿Qué ocurre con la Casa Real? Varios partidos de la oposición, fundamentalmente Izquierda Unida y UPyD, insisten en su inclusión en la Ley de Transparencia, aunque Sáenz de Santamaría insiste en que la Casa no pertenece a las Administraciones Públicas. Sin embargo, la no inclusión no significa que no se conozcan sus cuentas: es público el presupuesto, públicos los salarios de los miembros de la Familia Real y del personal adscrito a la Casa. Públicos también los gastos de seguridad, vehículos, viajes y mantenimiento, porque están controlados a través de los ministerios correspondientes. No se controlan sin embargo los gastos personales, que se consideran de índole privada.

Una situación casi idéntica a la de las restantes Casas Reales europeas, con la excepción de la británica que, tras modificar el régimen que imperaba hasta hace pocos años y que no obligaba a pagar impuestos a la Familia, finalmente se ha abierto tanto la transparencia que es posible conocer hasta cuánto gasta Isabel II en peluquería, en teléfono o en bebidas.

En junio debe estar lista para su tramitación la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Será, sin duda, una de las leyes que marcará un antes y un después en la vida pública.