CONTRA LA CORRUPCIÓN
Los ponentes
trabajan calladamente desde finales de verano, pero en las últimas semanas los
redactores del borrador de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno centran la
atención de los dirigentes políticos, que confían que esa ley despeje dudas
sobre la gestión de la cosa pública y elimine la imagen de una España política
que se mueve en la corrupción generalizada. Hay corruptos, pero no lo son
todos.
El primer
puntal para la lucha contra la corrupción se puso el pasado mes de octubre con
la Ley Orgánica de Financiación de Partidos que modificaba sustancialmente la
Ley Orgánica del año 2007. Entre esas modificaciones se incluía que los
partidos no pueden aceptar donaciones anónimas, tampoco de empresas o entidades
que mantengan contratos con las administraciones públicas o reciban
subvenciones -lo que elimina la posibilidad de financiarse a través de
fundaciones adscritas a los partidos-, limita a 100 mil euros anuales la suma
de las donaciones de una misma empresa o persona física y además obliga a
informar al Tribunal de Cuentas de cada subvención superior a 50 mil euros.
Es
decir, normas para impedir que los partidos se financien por la puerta de atrás
y sean tentados por empresas que aspiran a hacer méritos de cara a lograr
contratos con los gobiernos central, autonómicos y locales. De esa manera
además se tomaban medidas con las que paliar una situación que impedía mantener
mayor control de la financiación de los partidos: La Ley del 2007 recogía que
las cuentas de los partidos se harían públicas una vez revisadas por el
Tribunal de Cuentas? que llevan un retraso de cinco años, lo que impide por
tanto conocer cómo administran sus dineros los partidos actualmente.
Al imponer
condiciones de financiación con las modificaciones aprobadas en octubre, los
partidos están obligados a mantenerse estrictamente en las reglas marcadas pues
en caso contrario cometerían ilegalidad. Porque también este gobierno ha tomado
medidas para garantizar la buena gestión de las cuentas públicas: ha tipificado
el delito penal para los políticos que malgasten el dinero público ?y el de los
partidos lo es-, eleva la prescripción del delito de 5 a 10 años e inhabilita
por 10 años a los gestores públicos que falseen las cuentas, además de rebajar
la cifra de lo que se considera fraude público, que se fija en 50 mil euros en
lugar de los 120 mil anteriores.
Los trabajos
para llegar a acuerdos sobre la Ley de Transparencia y Buen Gobierno los han
realizado sobre todo los ponentes del PP y del PSOE, Esteban González Pons y
José Enrique Serrano, supervisados por Soraya Sáenz de Santamaría y Alfredo
Pérez Rubalcaba. Empeñados en que tenga el máximo respaldo en su tramitación
parlamentaria, han ido informando de sus avances a los restantes partidos
políticos, y de hecho esta semana la vicepresidenta había convocado a todos los
ponentes para cambiar impresiones y escuchar las sugerencias que se pudieran
presentar a una ley que es prioritaria, lo saben los ponentes, para cambiar la
imagen que hoy se tiene de la clase política tras los numerosos casos de
corrupción. La gripe impidió que Sáenz de Santamaría pudiera presidir
finalmente la reunión, que se celebró el pasado miércoles y que coordinó José
Luis Ayllón, Secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes y brazo
derecho de la vicepresidenta.
Una
vicepresidenta que semanas atrás ya había indicado que aceptaba la sugerencia
de los socialistas de incluir a los partidos en la Ley de Transparencia, a
pesar de que en un principio ella misma se había expresado en contra porque
consideraba que no formaban parte de las administraciones públicas. El
miércoles, durante la sesión de control al gobierno, Rajoy anunció que los
partidos estarían incluidos en la Ley, lo que evidentemente supone un apunte de
la máxima relevancia para una Ley que pretende dejar fuera de sospecha todo lo
relacionado con los dineros públicos.
Una de las
sugerencias escuchadas en las reuniones últimas ha sido que, además de los
partidos, la Ley de Transparencia afectara también a las fuerzas sociales, CEOE
y sindicatos. UGT presiona al PSOE para que no ser incluidos, pero la ola de
necesidad de transparencia se ha convertido en tsunami y es probable que
finalmente también los sindicatos y la entidad empresarial deban pasar
finalmente por las horcas caudinas. La credibilidad por encima de todo. Los
ciudadanos no comprenderían la excepción cuando todo el dinero público va a ser
controlado y los ciudadanos tendrán acceso a conocer el destino de cada euro.
Porque es lo
que significa la Ley de Transparencia: que se puedan conocer los salarios, los
contratos, a quién se adjudican y por cuánto, quién recibe subvenciones y qué
cantidades, cuales son las conexiones entre las distintas entidades públicas,
cuántas personas trabajan en organismos cuya función se desconoce y parecen
agencias de colocación, cuánto cuestan determinados viajes y cuáles son los
gastos que suponen una celebración o conmemoración.
Es evidente
que la Ley de Transparencia afectará las contrataciones de eventuales, lo que
favorece a los funcionarios que se quejan con razón de la contratación masiva
de personas afines a quien está al frente del ministerio, gobierno,
ayuntamiento o entidad oficial de cualquier tipo. Con la Ley vigente, habrá
contratación a personal de confianza, pero con toda seguridad será más limitada
que en la actualidad y se conocerán los salarios y complementos que reciben.
¿Qué ocurre
con la Casa Real? Varios partidos de la oposición, fundamentalmente Izquierda
Unida y UPyD, insisten en su inclusión en la Ley de Transparencia, aunque Sáenz
de Santamaría insiste en que la Casa no pertenece a las Administraciones
Públicas. Sin embargo, la no inclusión no significa que no se conozcan sus
cuentas: es público el presupuesto, públicos los salarios de los miembros de la
Familia Real y del personal adscrito a la Casa. Públicos también los gastos de
seguridad, vehículos, viajes y mantenimiento, porque están controlados a través
de los ministerios correspondientes. No se controlan sin embargo los gastos
personales, que se consideran de índole privada.
Una
situación casi idéntica a la de las restantes Casas Reales europeas, con la
excepción de la británica que, tras modificar el régimen que imperaba hasta
hace pocos años y que no obligaba a pagar impuestos a la Familia, finalmente se
ha abierto tanto la transparencia que es posible conocer hasta cuánto gasta
Isabel II en peluquería, en teléfono o en bebidas.
En junio
debe estar lista para su tramitación la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
Será, sin duda, una de las leyes que marcará un antes y un después en la vida
pública.
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