ESTIMADO AMIGO. JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ ÁLVAREZ


ESTIMADO AMIGO

Estimado amigo:
Le hago llegar las propuestas para llevar a cabo una campaña en defensa del sector público. Para ello considero que debemos concentrarnos en dos objetivos, la reforma política y la erradicación de la economía sumergida, pues ambos están en la génesis de la situación actual, los políticos por su mala gestión, que ha generado endeudamiento público, y la economía sumergida porque retrae ingresos; la conjunción de los dos factores facilita la privatización de los bienes públicos.


1º. Urge una reforma política en España. En España hay 79405 políticos que nos cuestan anualmente 2800 millones de euros, entre sueldos y gastos de representación, y que están distribuidos del siguiente modo:

54 parlamentarios europeos, 259 diputados, 366 senadores, 1206 parlamentarios autonómicos, 1031 diputados provinciales, 139 responsables de Cabildos y Consejos insulares, 13 consejeros del Valle de Arán, 8116 alcaldes y 68230 concejales.

Hay 8116 Ayuntamientos, la mayor parte de los cuales no alcanza los cinco mil ciudadanos, y muchos de ellos ni llega a los mil, cuando, según cálculos de la UE, para que un Ayuntamiento sea sostenible precisa contar con un mínimo de veinte mil ciudadanos. ¿Qué ocurre cuando la cifra es sensiblemente inferior? Pues que los ingresos no alcanzan para pagar los escandalosos salarios y dietas de alcaldes, concejales y tropa de oposición, por lo que el Ayuntamiento se endeuda, y para hacer frente a las deudas se embarra de corrupción. Los políticos se oponen a la reducción de Ayuntamientos porque los Ayuntamientos son la principal fuente de ingresos de los partidos políticos, y de financiación de amigos en ONG, fundaciones y asociaciones varias, además de favorecer la privatización de los servicios públicos al endeudarse.

Por lo tanto, el primer paso es acometer una reforma de la Administración Local, de tal modo que se reorganice el mapa municipal estableciendo nuevos municipios cuyos Ayuntamientos abarquen un mínimo de veinte mil ciudadanos.

El segundo paso lo constituyen las Diputaciones. Su función se solapa con el Senado, por lo que uno de los dos sobra; o bien las Diputaciones se disuelven y su función pasa a ser desempeñada por el Senado, o bien se suprime el Senado y su función legada a las Diputaciones y Parlamentos uniprovinciales.

El tercer paso es la reducción del número de parlamentarios regionales y congresistas, aumentando las circunscripciones.

El cuarto paso está en regular por Ley el salario de los políticos, de tal modo que sea similar al de un contratado laboral de la Administración, del grupo A o B, según casos.

El quinto paso es la elección directa de los políticos, única garantía de que se les puede exigir responsabilidades penales y patrimoniales; puesto que los ciudadanos han sido los que los han elegido, y no los propios partidos, como sucede actualmente, los ciudadanos tiene todo el derecho de interponer una acusación contra el político que han elegido si esta incumple su función.

El sexto paso es establecer la ley de incompatibilidades, de tal modo que no puedan desempeñar una actividad lucrativa mientras desempeñen su cargo político, máxime habiendo parados.

El séptico paso es la exigencia a los aspirantes a la política de un título que avale unos conocimientos, para evitar el gasto que suponen los asesores.

El octavo paso es la prohibición de poder estar más de dos legislaturas en la política.

El noveno paso es la obligación de proceder el candidato de la Administración, o del trabajo en una empresa sin vínculos con la Administración en los cinco años anteriores a su ingreso en la política.

Menos políticos suponen menos gasto público, menos endeudamiento y menos corrupción, pues pueden fiscalizarse menos. Por lo que nos cuesta un político se pueden tener varios médicos y profesores.



2º. En España la tasa de paro llega al 26% y la economía sumergida llega al 23%. Si no hubiese economía sumergida, la tasa de paro rondaría el 5%, similar al de los países de la UE donde la economía sumergida es irrelevante. La reducción de la tasa de paro supone mayores ingresos para las arcas públicas y menos gasto de las mismas en prestaciones, lo que significa que habrá dinero suficiente para las prestaciones públicas -no hay argumentos para su privatización- y no podrán llevarse a cabo reformas laborales -no hay razones para las mismas-.

La economía sumergida por un lado y el fraude fiscal por otro, son los causantes directos del despido del personal público por falta de recursos.

Los políticos no erradican la economía sumergida, incluso ellos y sus medios de comunicación la consideran un tema tabú, puesto que gracias a la misma pueden llevar a cabo reformas laborales y privatizaciones; además, la erradicación de la economía sumergida podría hacerles perder votos entre los involucrados en la misma.

¿Dónde se concentra la economía sumergida?
Hasta el inicio de la crisis la economía sumergida se concentraba en la construcción y sectores afines -albañilería, fontanería...- así como en la industria. Pero desde entonces, la economía sumergida se concentra en más del 90% en el sector primario, empleo doméstico y hostelería.

Además se da un agravante sangrante, como es el de permitir que los prejubilados y jubilados estén realizando actividades lucrativas, las más de las veces en la economía sumergida (en Asturias se concentran en la ganadería), con el agravante de que una parte de los mismos lograron la pensión con triquiñuelas por incapacidad -si a los dos años un nuevo tribunal médico realizase una revisión la mayor parte estarían capacitados para trabajar-, una vez lograda, sin ir a Lourdes, curan milagrosamente de su incapacidad para el trabajo pasando a desempeñar trabajos que las más de las veces les exigen mayor esfuerzo físico.
Todo ello ha condenado a la ruina y al paro a millones de autónomos, que no han podido competir con quienes ni cotizan a la SS, ni declaran a Hacienda, ni cobran IVA, y que millones de parados no puedan acceder a un puesto de trabajo.

Por todo ello, le hago llegar estas propuestas para que, conjuntamente los interinos, eventuales y funcionarios de todos los estamentos -yo soy interino del SESPA-, de todas las regiones, aunemos fuerzas y pongamos sobre la mesa de los políticos estas exigencias. Antes de recortar personal que lleven a cabo lo anteriormente expuesto.

Puesto que los sindicatos han fracasado, cuando no nos han vuelto la espalda, lo que tenemos que hacer es poner en marcha una asociación que actúe como una sola voz en toda España de todo el personal público amenazado de recortes.

Un saludo WW
José María Álvarez Álvarez
Trubia-Asturias