DISCURSO DURANTE LA ENTREGA DEL PREMIO DERECHOS HUMANOS DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA


ENTREGA DEL PREMIO DERECHOS HUMANOS DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA
Madrid, diciembre de 2009
Estimados miembros del jurado, señoras y señores: Es para mí un gran honor recibir el Premio Derechos Humanos otorgado por el Consejo General de la Abogacía Española y me siento muy orgulloso de compartir este galardón con personas como la activista Ela Bhatt, que ha combatido toda su vida los abusos que sufren millones de mujeres indias, el abogado Juan Ignacio de la Mata, capaz de defender los derechos de los menores extranjeros y enfrentarse a la prepotencia y la violencia del Estado español a pie de avión para evitar las expulsiones sin garantías, y los diferentes colectivos que han desarrollado los trabajos de reinserción en las cárceles españolas con el ánimo de evitar que los internos vuelvan a reincidir tras cumplir sus condenas.


Es también un gran honor formar parte de una larga lista de personas e instituciones de gran prestigio que han sido premiadas en anteriores convocatorias, y entre los que destacan grandes periodistas y amigos a los que admiro. También me satisface que esta XI Edición coincida con el 50 Aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño y el 20 Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde hace más de 25 años que empecé a trabajar como fotógrafo y periodista en zonas de conflicto, he tenido que enfrentarme a menudo a situaciones de sufrimiento extremo protagonizadas por niños y niñas. Las listas interminables de víctimas de las guerras están repletas de menores anónimos.

Hablemos primero de armas. Hoy es un buen día para recordar que España ya se ha convertido en la sexta potencia del mundo en venta de armas. Recordar que nuestra ley de control de armas, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2007, impide vender armas a países con conflictos armados, países que violen el Derecho Internacional Humanitario, países que reprimen a sus ciudadanos o que practican graves violaciones de los derechos humanos, o a países que actúan de plataforma para que nuestras armas lleguen a grupos armados regulares o irregulares en zonas conflictivas.

Y recordar nuestra particular lista de socios en el vergonzoso negocio de la muerte. Vendemos armas a países como Angola, Arabia Saudí, Argelia, Cuba, Colombia, Egipto, Estados Unidos (“su ejército se ha visto involucrado en violaciones de derechos humanos en sus misiones de Irak y Afganistán”), Georgia, Ghana, India, Indonesia, Israel, Jamaica, Líbano, Marruecos, Pakistán, Paraguay, Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica, Turquía y Venezuela.

Es decir, violamos cada día nuestra propia ley de control armamentístico. El Partido Socialista ganó las elecciones de 2004 esgrimiendo la bandera pacifista contra la guerra de Iraq, que sujetaba más del 90% de la población española incluyendo a millones de votantes del Partido Popular. Tras su llegada a La Moncloa, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero entonó un discurso diametralmente distinto al de su predecesor. Inventó el concepto Alianza de Civilizaciones y se dedicó a pasear su juguete mágico por los organismos internacionales. Por sus declaraciones es difícil encontrar a otro presidente en el mundo más implicado en la búsqueda de la paz, la justicia universal y el intercambio cultural. Me extraña que le hayan dado el Nobel de la Paz al presidente Barack Obama, un recién llegado, y no a él con más de cinco años de experiencia en las arenas movedizas de la política.

El grave problema es que su discurso pacifista es profundamente inmoral porque se contradice con muchas decisiones de su gobierno. Desde el 2005 hemos duplicado la venta de armas españolas, un hecho sin precedentes en la historia de nuestra democracia. Además, existen serias sospechas de que podemos estar vendiendo más armas de las que declaramos.

En los dos últimos años hemos multiplicado por diez las ventas de armas a Marruecos. Esta es la razón principal por la que nuestro gobierno se desentiende de los derechos del pueblo saharaui y convierte a Aminatu Haidar en una rehén moribunda de la intransigencia marroquí.

Hablemos ahora de negocios y de petróleo. En los últimos seis meses el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha recorrido Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Guinea Ecuatorial o Libia, países con grandes reservas petrolíferas y de gas, firmando acuerdos bilaterales y elogiando a regímenes y gobiernos que violan sistemáticamente los derechos humanos. Es como si Repsol, nuestra empresa más importante por su facturación anual, dictase la política exterior de España.

Solemos quejarnos de los cínicos intentos de las petroleras estadounidenses, anglo-holandesas o francesas, de influir sin rubor en la política exterior de sus gobiernos haciendo oídos sordos a los informes más críticos sobre los derechos humanos. No me queda más remedio que poner en la misma lista a Repsol y al presidente Zapatero.

Para finalizar hablemos de justicia, o mejor dicho: de injusticia. A lo largo de este año el partido Socialista se ha aliado con el Popular para aprobar amigablemente una reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula las competencias de la jurisdicción española en delitos de genocidio, lesa humanidad y terrorismo. Una forma vulgar y corriente de enterrar para siempre las implicaciones de algunos jueces españoles en la búsqueda de la justicia universal. Con la ley actual nunca hubiera existido el caso Pinochet que ayudó a desenredar la madeja burocrática de la justicia chilena. Con la ley actual se pone fin a la investigación de delitos de genocidio en Guatemala o Tíbet, de los crímenes de guerra en Gaza o las torturas en Guantánamo.

La corrupción se ha instalado en el vocabulario gubernamental. Se habla de paz al mismo tiempo que se negocian contratos de armas o se bendice regímenes violentos. Se anuncia una mayor aportación económica a la ayuda al desarrollo mientras se estrechan relaciones con gobiernos que obstaculizan el desarrollo de sus propios pueblos. Se reafirma el rechazo a las bombas de racimo al mismo tiempo que se alcanza la gloria en el mercadeo de otros tipos de armas menos mediáticas.

Este comportamiento, trufado de hipocresía, cinismo y descaro, pone en cuarentena el supuesto prestigio pacifista de nuestro gobierno y destruye completamente su discurso ético.
Muchas gracias ■