EL
RACISMO COMO ENFERMEDAD
Una buena parte del personal sanitario
se ha sumado a las iniciativas de asociaciones, colectivos, colegios
profesionales y organizaciones no gubernamentales y han asegurado que atenderán
a cualquier paciente. Independientemente de su nacionalidad o su situación
administrativa. Este compromiso que, seguro, apoyan miles de ciudadanos sirve
como medicina para una buena parte de esta provincia, de Andalucía y de España,
que sufre una enfermedad grave: el racismo. Una especie de tumor que no ha
hecho más que agrandarse en los convulsos días que vivimos y que,
inexplicablemente, se alimenta desde la Administración. Es el goteo de
declaraciones anti inmigración realizadas por responsables políticos desde el
pasado año electoral el que ayudado a que la enfermedad del racismo se expanda
cada vez más. Tanto, que hoy puede parecer normal dejar sin acceso a la sanidad
a miles de personas por una simple cuestión administrativa. Ojo, es un derecho
fundamental, un derecho reconocido por la propia Constitución española.
Dejar morir a una persona puede que no
sea exactamente lo mismo que pasarle factura por el tratamiento de una
enfermedad crónica. O quizás sí. Lo que está claro es que el derecho a la vida
parece haberse convertido en un derecho menor, en algo sin demasiada importancia.
Porque, claro, la culpa de la crisis es de "esos inmigrantes que consumen
hasta la saciedad nuestro sistema sanitario". Todos sabemos que es más
difícil eliminar un prejuicio que crearlo; así que esta vez nos abstenemos de
dar datos y más datos del poco gasto que supone la atención sanitaria a
personas inmigrantes en situación administrativa irregular. O que es más caro
atenderles sólo en urgencias. O que buena parte del crecimiento económico de
nuestro país se sustentó sobre el esfuerzo de los trabajadores y trabajadores
migrantes. Ni razonar sobre las diferencias entre inmigración y turismo
sanitario (es tan irreal pensar en que alguien que escapa de un conflicto
bélico, de una hambruna o de una dictadura venga aquí a operarse…). A veces es
casi imposible intentarlo: Los poderes públicos se han encargado de decir que
denegar la atención médica a una persona que no es de aquí acabará con la
crisis. O que les atenderán, pero previo paso por caja. ¿Son personas o
clientes? ¿Será una señal de lo que nos deparará el futuro al resto de la
ciudadanía?
¿Para qué entonces las políticas
públicas de convivencia, solidaridad e integración? Porque ahora es la sanidad,
pero el mensaje racista va poco a poco calando en otros aspectos. La educación,
los servicios sociales, el acceso a la vivienda o el empleo, por sólo destacar
algunos sectores, se ven cada vez más salpicados de acusaciones xenófobas. De
afirmaciones como que los recortes tienen que ver con los que vienen de afuera
y no aportan al Estado o que son ellos los que se llevan todos los recursos
sociales. Insistimos: ¿Para qué lanzan las administraciones mensajes de
integración si luego cargan todas las culpas sobre las personas inmigrantes?
¿Para qué si no hacen más que ayudar a la extensión del tumor del racismo?
Quizás sea buena parte de la clase política la que necesita una receta y una
medicina para deshacerse de esta enfermedad y, con ello, ayudar a eliminarla de
toda la sociedad.
Hay comunidades autónomas que han dicho
que seguirán atendiendo a cualquier persona. Aún no sabemos cómo, ni lo saben
los médicos. Lo que sí conocemos bien es que el acceso a la sanidad en Málaga
nunca ha sido fácil para las personas inmigrantes. Este periódico recogía hace
unos días historias como la de un joven británico de 35 años que perdió su
empleo tras diez años trabajando, una mujer boliviana que trabaja como empleada
de hogar, una niña rumana de dos meses, una chica marroquí embarazada o una
mujer víctima de violencia de género de origen brasileño -entre otros- que han
tenido dificultades para ser atendidos en el centro de salud en los últimos dos
años. Todos aparecen en el último informe realizado por Málaga Acoge y Médicos
del Mundo, que refleja un centenar de casos de personas extranjeras que se
encontraron obstáculos para acceder a la sanidad. Y nada que ver con su
condición: Hay trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, parados,
menores, embarazadas, jóvenes en situación administrativa irregular...
El Real Decreto Ley 16/2012 sólo
contempla el acceso de los inmigrantes en situación irregular a los servicios
sanitarios en tres casos: urgencias, durante el embarazo, parto y posparto y a
los menores de edad. Y sí, esta nueva norma nos parece una aberración. Una
forma de atentar contra los derechos de las personas. Una forma de iniciar un
proceso que no sabemos hacia dónde nos llevará. ¿Quién nos dice que mañana no
serán los desempleados, los jóvenes, las familias monoparentales o nuestros
mayores los que no puedan ir al médico? De hecho, esto ha pasado en nuestro
país durante tres meses, hasta que el Gobierno dio marcha a atrás parcialmente
en agosto modificando el contenido original de los colectivos beneficiarios.
Por eso en mayo promovimos la iniciativa #Sanidadparatodos, a la que se
adhirieron cerca de 200 colectivos y asociaciones y más de 21.000 ciudadanos de
todo el país, que criticaba la reforma sanitaria y la consideraba "una
vulneración del principio de equidad que guiaba hasta el momento las políticas
de sanidad de este país". Por todo ello, desde Málaga Acoge seguiremos
pidiendo una sanidad pública, universal y gratuita; una sanidad, en definitiva,
para usted y para todos.
PUBLICADO EN MÁLAGA HOY
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