POR
UNA EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA, LAICA, LIBRE Y DE CALIDAD
La Marea Verde de Málaga compuesta por
miembros de todos los sectores de la comunidad educativa: familias,
estudiantes, docentes —funcionarios de carrera, interinos—, personal laboral,
ciudadanos en general preocupados por la Educación, reivindicamos una Educación
Pública, gratuita, laica, libre y de calidad. Este es nuestro objetivo único y
fundamental y que abarca toda nuestra lucha y que engloba mucho más que unos
cuentos derechos. Dentro de este objetivo, por tanto, se encierra la
construcción de un sistema educativo capaz de transformar la realidad.
Queremos expresar nuestra firme defensa
de la Educación Pública, así como nuestro convencimiento de que la calidad en
Educación es la garantía de una sociedad plural, democrática, participativa,
solidaria y libre.
Denunciamos que los actuales recortes
que el Gobierno estatal y el Gobierno autonómico que nos están imponiendo, para
hacernos pagar a todos esta estafa social a la que llaman “crisis”, están
provocando una agresión sin precedentes a la calidad de la enseñanza pública en
Andalucía que no estamos dispuestos a permitir.
Por ello, acordamos:
1.Manifestar nuestro rechazo a las
políticas de recortes presupuestarios en el Sistema Educativo, especialmente
por los que se derivan de la aplicación del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de
abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito
educativo y el Decreto Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales,
Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio
económico-financiero de la Junta de Andalucía.
2. Expresar nuestro desacuerdo con el
incremento del horario lectivo del profesorado. Dos horas lectivas más
semanales supondrán que, por cada diez docentes, se reducirá en uno la
plantilla de funcionamiento de los centros. Ello conllevará la necesidad de que
parte del profesorado tenga que impartir materias que no corresponden con su
especialidad, provocando una pérdida de calidad de enseñanza. Además, la
pérdida de personal docente en los centros, dificultará seriamente -cuando no
impida- el establecimiento de medidas de atención a la diversidad como
desdobles de grupos, oferta de refuerzos pedagógicos y optatividad.
3. Señalar, también, que tanto el citado
aumento de horas lectivas como la prohibición de cubrir bajas de hasta diez
días provocará una disminución inmediata de las plantillas de los centros. Esta
disminución de personal afectará, principalmente, a una pérdida de clases al
alumnado y al colectivo del profesorado interino, que perderá su actual estabilidad
laboral o incluso, en muchos casos, su empleo.
4. Puntualizar que la decisión del
aumento de las ratios hasta 30 alumnos/as en Primaria, 36 en Educación
Secundaria Obligatoria y más de 40 en Bachillerato supondrá, en la práctica, la
imposibilidad de arbitrar medidas de atención a la diversidad.
5. Aclarar que la escuela pública y la
universidad pública, constituyen la garantía del derecho universal a la
educación sin discriminaciones de ningún tipo, recogido en el artículo 27.5 de
la Constitución Española de 1978. El acceso universal al conocimiento y la
cultura, salvaguarda la igualdad de oportunidades, fundamenta la libertad y
fomenta la pluralidad. Esta garantía peligra con las medidas de recortes por la
subida indiscriminada de tasas académicas ―en absoluto equilibrada por una
insuficiente e injusta política de becas―, la subida del IVA, la dotación
económica a centros concertados en perjuicio de los públicos, la congelación de
la oferta pública de empleo docente hasta 2014. Caminamos hacia una educación
de mala calidad y para pobres.
6. Llamar la atención de la sociedad en
que un país que no invierte en la educación de las personas es un país que
hipoteca gravemente su futuro.
7. Instar a nuestros conciudadanos en no
caer en la trampa demagógica de cargar las culpas del mal estado de las
finanzas públicas a los funcionarios y a los docentes en particular. El
profesorado no ha causado, en modo alguno, la crisis, y ésta no se resolverá
cargando sobre sus espaldas medidas como las aplicadas hasta ahora.
8. Dejar claro, no obstante, que no sólo
nos mueve el legítimo derecho a defender las condiciones laborales de nuestros
docentes, sino también la convicción de que los recortes que hoy se practican
afectarán gravemente a la calidad del Sistema Educativo y será nuestro
alumnado, los hijos e hijas, los que pagarán, con una merma de sus expectativas
de desarrollo personal y profesional futuro, las consecuencias de estas
políticas de recortes.
9. Enfatizar que los importantes
recortes en Educación -y Sanidad- ponen de manifiesto que la crisis económica
se está aprovechando para imponer un modelo de organización privada del
servicio público de educación en todos los niveles, conforme al modelo
neoliberal, más injusto, alejado de la economía productiva y de las necesidades
de las personas, y que ha propiciado la especulación financiera y la actual
crisis económica, todo ello por la puerta trasera, sin debate ni consulta, y
sin estar incluido explícitamente en ningún programa electoral.
Y, a su vez, exigimos,
- La retirada inmediata del Real
Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito educativo, así como todas las normas de rango
autonómico que derivan de dicho Real Decreto-Ley y que lo desarrollan.
- La elaboración de una ley educativa
pactada y aprobada por todos los agentes implicados para evitar el cambio de
legislación constante que venimos sufriendo con cada cambio de gobierno.
- La introducción de medidas legales que
fijen como objetivo alcanzar la media de la UE de inversión pública en
Educación (un 7% del PIB) en contraposición al 5% actual y que esta cantidad
sea gestionada únicamente por y para el sistema público.
- Sustitución del Plan de Calidad y
Mejora de los rendimientos escolares por un aumento de los recursos
profesionales técnicos necesarios para reducir el fracaso escolar en todos los
centros.
- La vuelta a los principios
democráticos dentro de los centros: Retirada del decreto que regula los ROC de
Primaria y Secundaria y elaboración de uno nuevo democráticamente; elección de
la dirección por el Consejo Escolar (No a los directores que trabajan para la
Administración y no para sus centros); mantenimiento de los Consejos Escolares
como órgano de representación y decisión de cada comunidad educativa.
- Dignificar la Escuela Pública y a los
docentes que trabajan en ella. Porque el respeto a la labor docente está siendo
menoscabada por los políticos que han puesto a los profesionales de la red
pública en el punto de mira.
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