MERCADONA
Y SAT: ¿QUIÉNES SON LOS LADRONES?
Sacar de un supermercado nueve carros de
la compra con productos alimentarios de primera necesidad sin pasar por caja
para dárselo a quienes más lo necesitan parece ser constitutivo de delito;
vulnerar derechos laborales, pagar un precio de miseria a los productores
agrícolas y acabar con el campesinado local... queda impune ante la Ley.
Ésta es la conclusión que podemos sacar
de la acción llevada a cabo por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT),
cuando este martes 7 de agosto entraron en dos supermercados, un Mercadona en
Écija (Sevilla) y un Carrefour en Arcos de la Frontera (Cádiz), recogieron
alimentos básicos, salieron del primero por la puerta sin pagar y se los entregaron a colectivos
necesitados.
Tras esta acción, el ministro de
interior Jorge Fernández Díaz ha dado orden de “busca y captura” para los
sindicalistas que la llevaron a cabo, afirmando que “todos somos conscientes de
que la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios".
Aunque para Fernández Díaz sí hay medios que son justificados por determinados
fines. Los sindicalistas del SAT no pueden sacar alimentos de un supermercado
para dárselos a quienes más lo necesitan, pero el gobierno del PP sí puede
recortar la prestación de empleo, el salario de los funcionarios, subir el
IVA... con el “hipotético” fin de “sacarnos de la crisis”. Está claro que lo
que vale para unos, no vale para otros.
Ahora Mercadona ha presentado denuncia
contra aquellos que llevaron a cabo dicha acción por, entre otros, “sustracción
de comida”, pero es necesario preguntarnos aquí: “¿Quiénes son los ladrones?”.
Los supermercados a lo largo de las
últimas décadas han generalizado un modelo de producción, distribución y
consumo de alimentos que ha tenido consecuencias dramáticas para el campesinado,
el pequeño comercio, los derechos laborales y el medio ambiente. Carrefour y
Mercadona son los máximos exponentes de estas prácticas en el Estado español al
encabezar el ranking de las grandes empresas que dominan el sector de la venta
al detalle. Ambos supermercados suman casi el 40% de la cuota de mercado de la
distribución de alimentos, según datos del 2007.
En el Estado español, tan solo siete
cadenas de supermercados controlan el 75% de la distribución de comida. Se
trata, tras Carrefour y Mercadona, de Eroski, Alcampo, El Corte Inglés y las
dos principales centrales de compra mayoristas Euromadi (con Spar, Schlecker,
Guissona…) e IFA (con Condis, Coaliment, Supersol...). Nunca el mercado de la
distribución de alimentos había estado en tan pocas manos. Lo que proporciona a
estas empresas un enorme poder a la hora de decidir qué comemos, qué precio
pagamos por aquello que consumimos y cómo se produce.
Asimismo, los supermercados determinan
un modelo de agricultura y de campesinado donde las producciones familiares y a
pequeña escala no tienen cabida, promoviendo un modelo de agricultura
industrial, intensiva e insostenible. El monopolio ejercido por los
supermercados y la presión a los agricultores ha conducido a una situación
donde estos cada vez cobran menos por aquello que cultivan. Los precios en
origen de los productos agrícolas han llegado a multiplicarse hasta por once en
destino, según datos del sindicato agrario COAG. Y se calcula que más del 60%
del beneficio final del precio del producto se concentra en los supermercados.
Actualmente, en el Estado español poco más del 5% de la población activa es
campesina.
El
modelo de distribución comercial de los supermercados conlleva también
consecuencias negativas para quienes forman parte de su plantilla laboral. Los
trabajadores de estos centros están sometidos a una estricta organización
laboral neotaylorista caracterizada por ritmos de trabajo intensos, tareas
repetitivas y rutinarias, causantes de agotamiento, estrés y enfermedades
laborales propias del sector. En lo que respecta a las condiciones
contractuales, priman los bajos salarios y los horarios atípicos que generan en
los trabajadores serias dificultades para conciliar su vida laboral con la
social y familiar.
A pesar de que Mercadona ha buscado
cultivar la imagen de una empresa familiar, preocupada por el bienestar de sus
trabajadores y consumidores, al igual que las grandes cadenas del sector,
destaca por imponer unas condiciones de trabajo abusivas y practica una
política de gestión de la mano de obra que se basa en el mantenimiento de una
presión constante a los trabajadores para asegurar su rendimiento. En el Estado
español, una de las principales luchas
sindicales contra una empresa de la gran distribución fue la mantenida en 2006
por los trabajadores de Mercadona en el Centro Logístico de Sant Sadurní
d'Anoia. Además Mercadona ha tenido varias sentencias contrarias, por despidos
improcedentes y acoso en el trabajo, durante los últimos años.
Hoy quien debería dar explicaciones frente
a los jueces no son los sindicalistas del SAT con Juan Manuel Sánchez Gordillo
a la cabeza, sino el propietario de Mercadona, Juan Roig, por las prácticas
abusivas de Mercadona, que le han permitido amasar una de las principales
fortunas del país, y ya de paso para dar explicaciones de los oscuros hilos que
mueve tras las bambalinas de la política valenciana.
La acción llevada a cabo por los
sindicalistas del SAT puede ser ilegal, pero en el contexto de crisis aguda en
el que nos encontramos es del todo legítima, mientras que precarizar las
condiciones laborales puede ser, lamentablemente, legal pero no tiene nada de
legítimo. Y cada vez son más las personas conscientes de ello. De aquí que
frente la legitimidad y el apoyo a estas movilizaciones, la única opción del
poder sea la represión y la criminalización. Solidaridad, pues, con aquellos
que no se resignan y luchan.
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